Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador aplaude la confirmación oficial del veredicto de inocencia en el segundo juicio de los Cinco de Santa Marta; condena la posible responsabilidad civil.
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San Salvador – El 30 de enero, el anuncio oficial del veredicto en el segundo juicio contra cinco destacados defensores del agua y líderes comunitarios de Santa Marta confirmó que los cinco defensores del agua han sido declarados inocentes de todos los cargos.
El 24 de septiembre de 2025, el tribunal presidente de San Vicente, El Salvador, declaró inocentes de los cargos de asesinato, secuestro y asociación ilícita a cinco destacados defensores del agua de Santa Marta: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega.
El fallo escrito confirma lo que el equipo de defensa legal y las organizaciones ambientalistas argumentan desde el principio: que los cargos carecían de fundamentos fácticos y jurídicos para ir a juicio en primer lugar y que el proceso legal contra los defensores del agua violaba principios jurídicos como la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, consagrados en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por El Salvador.
La absolución confirma además que los administradores de justicia de El Salvador utilizaron las instituciones estatales para criminalizar a los defensores del agua, conocidos internacionalmente por su papel en la prohibición de la minería metálica en 2017 y que habían denunciado la intención de Nayib Bukele de reintroducir la minería metálica en El Salvador.
Aunque los cinco defensores del agua han sido declarados inocentes por segunda vez, en este segundo juicio tres de ellos aún pueden enfrentarse a nuevos procedimientos legales, ya que el tribunal ha dictaminado que están sujetos a responsabilidad civil abstracta, un proceso legal que permite a las presuntas víctimas demandar por daños materiales.
Una declaración publicada por familiares y líderes de la comunidad de Santa Marta afirma que: «Es jurídicamente infundado, arbitrario e injusto que, en ausencia de cualquier condena penal, el tribunal haya tratado de imponer una responsabilidad civil «abstracta» a algunas de las personas absueltas. Tal decisión viola directamente los principios de presunción de inocencia, legalidad, culpabilidad personal y seguridad jurídica».
«Estas acciones constituyen una forma de acoso institucional que viola los derechos a la seguridad personal, la integridad comunitaria y la libertad de organización, y demuestran el continuo abuso del sistema judicial contra una comunidad que ya ha sido perseguida históricamente,» también lee la declaración.
«Los cinco defensores del agua nunca deberían haber sido acusados, y la voluntad del Gobierno salvadoreño de seguir adelante con estas acusaciones a pesar de su clara inocencia pone de manifiesto una preocupante disposición a perseguir al movimiento que estos cinco defensores del agua representan. Instamos al Gobierno salvadoreño a que renuncie a futuros procesos judiciales ficticios y defienda el Estado de derecho democrático en la búsqueda futura de la verdadera justicia», afirmó John Cavanagh, asesor sénior del Institute for Policy Studies.
«A pesar de los resultados positivos, la comunidad internacional debe ser consciente de que la lucha está lejos de haber terminado. Más allá de la posibilidad de un juicio civil, el Fiscal General aún tiene la posibilidad de apelar la absolución y llevarla hasta la Corte Suprema de Justicia. Pueden pasar años antes de que los Cinco de Santa Marta sean declarados completamente inocentes,» afirmó Pedro Cabezas, coordinador de la Alianza Centroamericana frente a la Minería.
Este anuncio oficial del veredicto del juicio se emite en un contexto denuncia líderes de Santa Marta ante la presencia de agentes de policía nacional civil y fiscales de la Fiscalía General de República en la comunidad, que supuestamente están entrevistando a sobrevivientes de las masacres de la guerra civil cometidas por los militares en Cabañas. Sin embargo, miembros de la comunidad temen que esto sea indicio de un nuevo intento de reactivar la persecución mediante la fabricación de nuevos casos penales.
Una vez más, los cinco destacados defensores del agua que se enfrentaban a cargos por motivos políticos han sido declarados inocentes, y nunca deberían haber sido detenidos. La coalición International Allies against Mining in El Salvador insta al fiscal general salvadoreño a que se abstenga de emprender nuevas acciones legales y exige que se retiren todas las responsabilidades civiles.
El 1 de diciembre de 2025, Aliados Internacionales publicó una carta firmada por 153 organizaciones religiosas destacadas de 25 países instando a preservar la histórica prohibición de la minería de metales de 2017 en El Salvador, que fue revocada en 2024 por orden del presidente salvadoreño Nayib Bukele. La lista completa de firmantes de la carta abierta de las organizaciones religiosas representa las expresiones locales, regionales y nacionales de comunidades religiosas, confesiones y organismos relacionados de países y regiones de todo el mundo, entre ellos Asia, Canadá, Colombia, Alemania, Oriente Medio, España, Estados Unidos y Zambia, entre otros.
Contactos de prensa:
John Cavanagh, Institute for Policy Studies: johnc@ips-dc.org
Pedro Cabezas, Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN) y Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador: stopesmining@gmail.com
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